15 de Septiembre de 2010
Nacional
Tomado de: http://gar.site11.comConsagrar las medidas salvajes antiobreras: Ya viene la reforma laboral.
Desde el pasado 18 de marzo de 2010, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de modificaciones y adiciones a la Ley Federal del Trabajo1. Hubo tiempo suficiente (pues se presentó en la anterior sesión ordinaria del Congreso), para que pudiera cabildearse entre las bancadas de todos los partidos del parlamento y será el eje rector de las discusiones en los próximos meses.
Se trata de una propuesta de contra-reforma laboral lesiva a los trabajadores; una reforma patronal que viene a consagrar todas las maniobras antiobreras que se han venido desarrollando de manera sistemática en los últimos años y que pretende generar jugosas expectativas para los capitalistas. Es parte de la política de “reformas estructurales” auspiciada por los gobiernos neoliberales para adecuar las relaciones laborales a los planes de reestructuración económica del capitalismo en la presente fase del mismo.
El nuevo intento del gobierno calderonista tiene como telón de fondo la agresión al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), a los mineros del SNTMMSRM y el jugoso saqueo de Mexicana de Aviación que se pretende cobrar a los miles de empleados de dicha compañía en una campaña feroz contra el derecho de huelga, hacia el desempleo, contra los contratos colectivos de trabajo y contra cualquier conquista laboral; así mismo, se desarrolla en el cuadro de la disminución de la tasa de beneficio de los capitalistas como consecuencia de los malos manejos y de la crisis capitalista mundial. El Estado trata de aprovechar la situación precipitándose en un enfrentamiento contra la clase obrera mexicana en su conjunto tratando de obligar a que los trabajadores sean quienes paguen la crisis con más flexibilización y tercerización laboral. El interés del Estado consiste en transgredir sistemáticamente los derechos laborales y sindicales.
La reforma pro-patronal
La iniciativa que propone el PAN considera cinco ejes rectores que sintetiza en los siguientes términos: ”facilitar el acceso al mercado laboral y la creación de empleos”; “promover la equidad de género, la inclusión, la no discriminación en las relaciones laborales, y la protección de derechos”; “fortalecer la procuración e impartición de justicia laboral”; “fortalecer la transparencia y la democracia sindical”; y “fortalecer las facultades normativas, de vigilancia y sancionadoras de las autoridades del trabajo”2. De esta propuesta, hay que destacar algunos aspectos relevantes ya que:
La iniciativa que propone el PAN considera cinco ejes rectores que sintetiza en los siguientes términos: ”facilitar el acceso al mercado laboral y la creación de empleos”; “promover la equidad de género, la inclusión, la no discriminación en las relaciones laborales, y la protección de derechos”; “fortalecer la procuración e impartición de justicia laboral”; “fortalecer la transparencia y la democracia sindical”; y “fortalecer las facultades normativas, de vigilancia y sancionadoras de las autoridades del trabajo”2. De esta propuesta, hay que destacar algunos aspectos relevantes ya que:
Se refuerza los mecanismos para impedir el ejercicio de del derecho de huelga. Se amplía y endurece los requisitos para llevar a cabo una huelga. En México, el derecho de huelga es una conquista de la Revolución Mexicana, a partir de la propuesta inicial de Ricardo Flores Magón y las acciones de los huelguistas de Cananea y Río Blanco, así como, el programa del Ejército Libertador del Sur encabezado por Emiliano Zapata. El derecho está indicado en el Artículo 123 Constitucional. Sin embargo, en la práctica, ese derecho no existe, sobretodo, tratándose de los sectores industriales fundamentales, pues nunca se respeta. El Estado siempre enfrenta a todos los movimientos de huelga a pesar de ser derecho de los trabajadores.
Está orientada a la destrucción de las conquistas laborales y al desempleo. La propuesta del PAN implica hacer nugatorios los derechos laborales y “legitimar” el trabajo “temporal” nulificando la contratación colectiva y la estabilidad en el empleo. “Legalizar” el “outsourcing” significa legalizar al contratismo, el trabajo precario y semiesclavo, con el objetivo de dividir más a la clase obrera, enfrentándola con los desempleados y promoviendo en realidad lo último; en lugar de garantizar el único derecho que le asiste a los trabajadores bajo el capitalismo: el trabajo. Así mismo, se propone que el trabajador y el patrón puedan convenir el pago por hora de prestación del servicio lo que implica la legalización de los pactos individuales con el patrón para hacer innecesarios al contrato colectivo y los sindicatos. Aunado a esto, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, instancias típicamente patronales, podrán limitar el pago de salarios caídos hasta por seis meses, es decir, siempre. Esas Juntas casi siempre fallan contra los trabajadores después de prolongados juicios. Pero el gobierno quiere más, ya que plantea que el patrón y el trabajador podrán acordar los días de descanso obligatorio; esto es contrario a los derechos colectivos.
Los nuevos mecanismos que se proponen para los ascensos, basados en la productividad, capacidad, aptitud, puntualidad y asistencia, en vez de la antigüedad, son consideraciones productivistas basadas en el individualismo. Se trata de parámetros mal enfocados, aparentes, tendientes a una mayor competencia y división entre los trabajadores: los valores del capital.
Además, es demagógica pues la supuesta incorporación del “trabajo decente”, capacitación, y seguridad e higiene se plantean como declaraciones. Lo que dispone actualmente la Constitución ni siquiera se cumple, sea tratándose del empleo, el salario o la seguridad social; tampoco la capacitación ni la seguridad e higiene en el trabajo. En México ni siquiera existe el derecho al trabajo pues, la mayoría de la llamada Población Económicamente Activa (PEA) sobrevive en el empleo y subempleo informales.
En el caso de las mujeres, desvía los derechos hacia el acoso sexual y la ingravidez, siendo que los principales derechos son el empleo y el salario, mismos que no se respetan.
Promueve la regulación del trabajo doméstico, en el extranjero y el teletrabajo con el propósito de pulverizar más aún a los trabajadores y a sus condiciones laborales. En el caso del trabajo en el extranjero, lejos de resolver el grave problema de la migración, obstaculiza más el derecho al trabajo favoreciendo especialmente al gobierno norteamericano.
Por ahora no elimina a los sindicatos ni a los contratos colectivos pero sí los reduce, dejándolos en manos del charrismo sindical.
Es pro-charra. Las nuevas reglas para demandar la titularidad de la contratación colectiva se ponen a disposición del charrismo sindical que, ilegítimamente, se ha apoderado de los contratos, la mayoría falsos, para oprimir a los trabajadores en todos los sectores de la producción. La contratación colectiva de trabajo es un derecho de los trabajadores conquistado a través de innumerables jornadas de lucha. Así mismo, la sindicalización es un derecho de los trabajadores, pero el sindicalismo mexicano está desnaturalizado desde hace muchas décadas, corroído por la corrupción y la violencia, sujeto al charrismo sindical como una estrategia del imperialismo para someter a su contrario histórico y uncido al Estado debido al corporativismo económico y político. La mayoría de los sindicatos son fantasmas, no existen, pero son tolerados por los gobiernos en turno. Impedir el descuento de cuotas sindicales del salario, como pretende la reforma, es improcedente porque se trata del dinero de los propios trabajadores. Los charros generalmente hacen mal uso de dichas cuotas pero éstas no representan la principal fuente de ingresos del charrismo, ni la razón principal de tan nefasto mecanismo de control antiobrero. El Estado sabe que la mayoría de los trabajadores mexicanos no están afiliados a ningún sindicato ni tienen contrato colectivo. También sabe que el charrismo es su principal soporte pues esta lacra impide violentamente toda acción de los trabajadores3.
Esta propuesta no es “nueva”, se trata de la misma propuesta que han introducido los gobiernos neoliberales en otras partes del mundo para imponer condiciones laborales unilaterales, y como se ve no está en el interés de la clase trabajadora mexicana. Su objetivo está orientado a incrementar la tasa de explotación obrera y, al mismo tiempo, la tasa de ganancia capitalista en su relación proporcional. Políticamente, se trata de ofrecer las mejores garantías a los capitalistas, principalmente extranjeros. Sabido es que las condiciones laborales representan una parte mínima de los llamados costos de producción. Sin embargo, el Estado y gobiernos en turno siguen una política extorsionadora del trabajo. La contradicción es profunda a sabiendas de que el dinero no genera riqueza, el trabajo humano sí.
Ni un solo aspecto de la iniciativa del PAN es favorable a los trabajadores. En el articulado de la iniciativa se habla de que la elección de los representantes sindicales será por voto directo, universal y secreto; también se habla de rendición de cuentas de las directivas. Son palabras huecas, incorporadas como adorno, que serán rechazadas por los propios charros sindicales. No por casualidad, el PRI se opone. El PAN también se opondrá porque gobierna apoyado por el corporativismo sindical; esto en realidad, representa su pase de salida ante la posibilidad de quedar trabada.
Movilizarse contra la reforma laboral
El contexto es de agresión por parte del Estado y debilidad por parte del sindicalismo y el conjunto de la clase trabajadora. La oposición parlamentaria del PRD y PT es declarativa, sin fuerza y con una estrategia que descansa en Francisco Hernández Juárez, charro del sindicato de telefonistas y de la UNT. Confiar en los partidos políticos burgueses será un grave error, más ahora que han entrado en el pragmatismo político de la sucesión presidencial, donde entra la magia de canalizar las demandas, incertidumbre y desesperación de los trabajadores, en propuestas falsas hacia 2012.
El contexto es de agresión por parte del Estado y debilidad por parte del sindicalismo y el conjunto de la clase trabajadora. La oposición parlamentaria del PRD y PT es declarativa, sin fuerza y con una estrategia que descansa en Francisco Hernández Juárez, charro del sindicato de telefonistas y de la UNT. Confiar en los partidos políticos burgueses será un grave error, más ahora que han entrado en el pragmatismo político de la sucesión presidencial, donde entra la magia de canalizar las demandas, incertidumbre y desesperación de los trabajadores, en propuestas falsas hacia 2012.
Los trabajadores debemos movilizarnos contra la reforma laboral de manera independiente y organizada; echando mano de las herramientas históricas que nos asisten como la huelga general. Un proceso que indiscutiblemente nos lleva a luchar contra el charrismo sindical, desafiándolo desde las bases para arrojarlo definitivamente de los sindicatos; con un plan debidamente pensado y socializado, extirpando la improvisación y los métodos primitivos de trabajo para recuperar nuestras organizaciones obreras para la lucha contra el desempleo, la precarización y la flexibilización; por la defensa del derecho de huelga, las conquistas históricas y los contratos colectivos de trabajo. Debemos reorganizar democráticamente al movimiento obrero y recuperar la independencia de clase, perdida hace casi cien años. Al interior de cualquier sindicato, a la dirección sindical que no quiere participar en la movilización por la defensa de las conquistas y el CCT, y llama a la base a seguir a personajes que se perfilan para las elecciones, tratando de canalizar el descontento “hasta que existan mejores condiciones”, se les llama burócratas, charros que hay que derrumbar sin vacilación; tras ellos, los trabajadores no llegarán a ningún lado.
Si ante la brutal agresión del Estado optamos por la inmovilidad, no solamente se impondrá compulsivamente la contra-reforma laboral sino que, la economía del país podría deshacerse más y el panorama nacional se volvería más sombrío.
La tentativa de enfrentar la destrucción de los trabajadores por parte del capitalismo (se trata de un fenómeno internacional) y de reconstruir a la clase obrera como fuerza histórica supera los límites de la sociedad capitalista, implica una completa reorganización social sobre nuevas bases. Imponer el derecho al trabajo significa chocar con el derecho de propiedad y con el Estado, porque mejores condiciones en el trabajo y el desempleo no desaparecerán como consecuencia de la “recuperación económica”, sino de la quiebra en el alargamiento de la jornada laboral y la flexibilidad; de una profunda recuperación de los salarios; de una completa modificación del sistema impositivo, de la redistribución de los recursos en función de los intereses sociales mayoritarios, etc. Este programa anticapitalista no podría ser realizado por la sola acción de un sindicato o un pequeño grupo de trabajadores, sino por un gigantesco movimiento de masas, de obreros desempleados, de jóvenes, de los trabajadores activos y de los sectores medios que son empujados a las filas de la clase obrera y de los completamente desposeídos. El objetivo del movimiento obrero es convertirse en un movimiento de masas.
1. http://www.eluniversal.com.mx/notas/666951.html2. http://gaceta.diputados.gob.mx/
3. Con información del Frente de Trabajadores de la Energía.
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